www.levante-emv.com
12 de maig de 2009
El TSJ podrá incluirlo en el expediente que eleve al Supremo
A. G., Valencia
El largo camino judicial del Teatro Romano de Sagunt no ha llegado a su fin. El auto de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) hecho público el pasado 24 de abril y que avala la propuesta de la Generalitat de no derribar la reforma del monumento no será el punto final de este proceso, iniciado en 1991, ya que el demandante, el abogado y ex diputado del PP Juan Marco Molines, lo ha recurrido.
El letrado aseguró ayer a Levante-EMV que el recurso está presentado desde el pasado 5 de mayo (tenía diez días, según el auto) y que el TSJ deberá ahora incluirlo en el expediente administrativo que elevará al Tribunal Supremo, el cual, presumiblemente "nos concederá un plazo a las distintas partes para comparecer".
El alto tribunal falló en enero de 2008 a favor del demandante y dio 18 meses para proceder a la demolición parcial de las obras de reforma del teatro diseñadas por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli. La Conselleria de Cultura, que en legislaciones anteriores había promovido el derribo, reunió una comisión de expertos y se basó en su pronunciamiento para posicionarse ahora en contra de la piqueta. El TSJ avaló posteriormente el argumento de la conselleria de que la reforma sería legal con la ley de Patrimonio Cultural actual y aprobó la inejecución de la sentencia.
Sin embargo, Marco Molines considera que estos son formas de "entretener" y que lo que prima es la sentencia "firme" del Supremo y, por ello, recurre. Aunque considera que no haría falta, lo hace "por no pecar de soberbia" y "aunque me suponga más dinero" (necesitará procurador en Madrid).
Fuentes del TSJ precisaron por su parte que la sala aún no ha decidido si tramitará el recurso del demandante. Sobre la indemnización al abogado recogida en el auto, Marco aseguró que no le preocupa y que la cantidad debe decidirla el TSJ. Las citadas fuentes indicaron sobre esto que es sólo una compensación por los gastos que pueda justificar como letrado durante el proceso.
12 de maig de 2009
El TSJ podrá incluirlo en el expediente que eleve al Supremo
A. G., Valencia
El largo camino judicial del Teatro Romano de Sagunt no ha llegado a su fin. El auto de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) hecho público el pasado 24 de abril y que avala la propuesta de la Generalitat de no derribar la reforma del monumento no será el punto final de este proceso, iniciado en 1991, ya que el demandante, el abogado y ex diputado del PP Juan Marco Molines, lo ha recurrido.
El letrado aseguró ayer a Levante-EMV que el recurso está presentado desde el pasado 5 de mayo (tenía diez días, según el auto) y que el TSJ deberá ahora incluirlo en el expediente administrativo que elevará al Tribunal Supremo, el cual, presumiblemente "nos concederá un plazo a las distintas partes para comparecer".
El alto tribunal falló en enero de 2008 a favor del demandante y dio 18 meses para proceder a la demolición parcial de las obras de reforma del teatro diseñadas por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli. La Conselleria de Cultura, que en legislaciones anteriores había promovido el derribo, reunió una comisión de expertos y se basó en su pronunciamiento para posicionarse ahora en contra de la piqueta. El TSJ avaló posteriormente el argumento de la conselleria de que la reforma sería legal con la ley de Patrimonio Cultural actual y aprobó la inejecución de la sentencia.
Sin embargo, Marco Molines considera que estos son formas de "entretener" y que lo que prima es la sentencia "firme" del Supremo y, por ello, recurre. Aunque considera que no haría falta, lo hace "por no pecar de soberbia" y "aunque me suponga más dinero" (necesitará procurador en Madrid).
Fuentes del TSJ precisaron por su parte que la sala aún no ha decidido si tramitará el recurso del demandante. Sobre la indemnización al abogado recogida en el auto, Marco aseguró que no le preocupa y que la cantidad debe decidirla el TSJ. Las citadas fuentes indicaron sobre esto que es sólo una compensación por los gastos que pueda justificar como letrado durante el proceso.
